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Organizaciones y representantes del Estado acuerdan tener hoja de ruta común

Paraguay inicia un diálogo social para atender sus compromisos con la CEDAW

A travès de un  “Diálogo entre Sociedad Civil y Estado para el seguimiento a las Observaciones Finales del Comité CEDAW de las Naciones Unidas”, con la participación de cincuenta representantes estatales y de organizaciones sociales, se buscó propiciar un espacio de diálogo social para favorecer el cumplimiento de las Observaciones Finales del Comité CEDAW al Estado paraguayo. Dichas observaciones fueron emitidas el pasado 8 de noviembre de 2011 por el Comité de la CEDAW, que es el encargado de monitorear la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su tercer exámen al país.


La mesa de diálogo fue presidida por la ministra de la Secretaría de la Mujer, Gloria Rubín, y por Graciela Mendoza y Clyde Soto en representación del Grupo Impulsor conformado por las organizaciones sociales para el proceso de vigilancia ciudadana por los derechos de las mujeres. Además, participaron del espacio de intercambio el Ministro de la Secretaría de la Función Pública, José Tomás Sánchez y María Mercedes Buongermini, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Género del Poder Judicial.


Durante la apertura, la ministra Rubín resaltó los esfuerzos de la cartera a su cargo por transversalizar el enfoque de igualdad de género en las acciones gubernamentales. Indicó que persisten numerosas deudas con la sociedad en materia de derechos de las mujeres y que son muchas las dificultades para poder saldarlas. “Estoy aquí como siempre que me convocan, es mi obligación y además me siento muy cercana al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ya que fue mi espacio durante mucho tiempo”, indicó la titular de la Secretaría de la Mujer.


Por su parte, Clyde Soto, investigadora social y activista feminista, propuso durante su exposición generar mecanismos de información en materia de cumplimiento de las Observaciones Finales del Comité CEDAW al Estado, además de la realización de reuniones periódicas de análisis. Puntualizó la necesidad de trazar una estrategia conjunta para fortalecer los procesos de avance iniciados y evitar así que, frente al cambio de gestión gubernamental en agosto de 2013, se produzcan retrocesos en el ámbito de la igualdad de género. Con respecto a la implementación de las recomendaciones, afirmó que “si tenemos una hoja de ruta colectiva, habremos logrado el máximo uso y beneficio para los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos en el Paraguay”.


Entre los temas de agenda más mencionados durante la reunión de trabajo, figuró un grupo de proyectos legislativos cuya adopción fue solicitada por el Comité CEDAW: una Ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género, una Ley integral sobre trata de personas, el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación y el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Se analizó también la situación actual de la política pública denominada Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, cuyo restablecimiento e implementación fueron indicados por el órgano de monitoreo de la Convención como método para prevenir las situaciones de abuso que viven niños, niñas y adolescentes.


El éxito de la reunión fue sin duda la importante participación de las instancias estatales encargadas de implementar políticas públicas e iniciativas para la erradicación de la discriminación hacia las mujeres. Además de las personas antes mencionadas, se contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General de Estadísticas y Censos, el Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía General, la Policía Nacional y las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras del Congreso Nacional. No menos relevante fue la presencia de referentes de redes y organizaciones sociales, de mujeres y feministas, como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Paraguay), la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), el Centro de Documentación y Estudios (CDE), el Círculo de Abogadas del Paraguay, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras.


Antecedentes: El Comité CEDAW, encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), examinó al Estado paraguayo durante su 50º período de sesiones en octubre de 2011. Una coalición de la sociedad civil presentó en la ocasión el denominado Informe Sombra CEDAW 2011, con el objetivo de ofrecer información complementaria al informe oficial presentado por el Gobierno. La iniciativa fue fruto de un proceso participativo de consulta con diversos sectores organizados, a través de encuentros realizados en Asunción, Encarnación y Coronel Oviedo.


El informe fue impulsado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), CLADEM Paraguay, la CMP, el CDE y el Equipo Feminista de Comunicación. También participaron en la redacción la Red contra toda Forma de Discriminación y la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI).


Paraguay ratificó la CEDAW sin reservas en 1986. Este tratado garantiza la igualdad de las mujeres en las esferas civil, política, económica, social y cultural. Debido al elevado rango que otorga nuestra Constitución Nacional a los tratados internacionales de Derechos Humanos, la CEDAW es parte de la legislación paraguaya, de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones estatales y debe ser aplicada directamente por los tribunales y el gobierno central. Las recomendaciones que emite el Comité CEDAW luego de cada examen periódico a los Estados también son de carácter obligatorio y deben ser implementadas en la brevedad posible por el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial.

23/06/2012