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Manifiesto dirigido a las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad

Organizaciones de mujeres "Por la igualdad de género en el sistema de pensiones"
Una veintena de asociaciones de mujeres presentó a los portavoces de las Comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad y a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el manifiesto “Por la igualdad de género en el sistema de pensiones”.

31/01/2011

En él, las firmantes piden que se realice un esfuerzo especial en la individualización de las prestaciones de Seguridad Social, pues el sistema fue diseñado en la década de los sesenta, “en base al modelo de familia de sustentador masculino/esposa dependiente, en el que el hombre es titular del salario y de las prestaciones sociales por enfermedad, desempleo, jubilación o supervivencia (viudedad y orfandad), y las mujeres no tienen ingresos o derechos propios, sino derivados del marido”.

Agregan que el objetivo de igualdad de género “debe ser explícito y concreto para la solidaridad inter e intrageneracional propia del sistema de pensiones y para seguir avanzando hacia el modelo socioeconómico de mujeres y hombres sustentadores y cuidadores en igualdad”.

El manifiesto se hace eco de la falta de igualdad real entre mujeres y hombres en la protección social y aporta datos estadísticos: “Son mujeres el 45,01 por ciento de las 17.612.709 personas cotizantes a la Seguridad Social y el 51,35 por ciento de las 8.711.058 personas pensionistas del sistema contributivo. Más de la mitad, el 51,38 por ciento de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad”.

Otro de los puntos que abarca es el de la menor tasa de ocupación femenina, la desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres, “marcadas por la precariedad y la feminización del cuidado de hijos y familiares dependientes con las consiguientes lagunas de cotización, además de los restos del franquismo que excluyó a las casadas del empleo, llevan a que la pensión media de las mujeres sea ahora de 599 euros, es decir, un 39 por ciento más baja que la de los hombres, de 977 euros al mes”.

El manifiesto asegura que la discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas es la causante, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza. También pronostica que la propuesta del gobierno y la comisión parlamentaria de incrementar de 15 a 20 años el período de cálculo va a incrementar la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen más “lagunas de cotización” por la precariedad y la feminización del cuidado de familiares.

Analiza que actualmente el periodo mínimo de cotización para la pensión contributiva de jubilación es de 15 años (o el equivalente a 15 años a jornada completa), de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los últimos 15, y el importe de la pensión es un porcentaje de la cotización media durante los últimos 15 años (llamada base reguladora) que va del 50% si solamente se han cotizado 15 años hasta el 100% para 35 o más años de cotización. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes.

Informa de que son mujeres el 70,63% de las 454.095 personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) implantadas en 1990 para las personas con invalidez (56% mujeres) o mayores de 65 años (83% mujeres) que no han cotizado el mínimo de 15 años exigido para la pensión contributiva de jubilación. No son viudas de personas con cinco o más años cotizados, y no tienen rentas de ningún tipo, personales o de la unidad familiar. La PNC es de 339,70 euros mensuales, bajo el umbral de la pobreza de 401 euros al mes.

Denuncia que la inferioridad de condiciones laborales de las mujeres generadora de la inferioridad en las pensiones no es cosa del pasado. Las 1,8 millones de trabajadoras actuales en situación de desempleo tienen una Tasa de Cobertura de Prestaciones por Desempleo del 58%, frente al 63% de los hombres, y son mayoría entre los perceptores de prestaciones asistenciales, las más bajas.

Por todo ello, las agrupaciones firmantes piden al Gobierno y al Parlamento que no se eleve de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, pues el incremento de cotizantes pretendido se conseguiría mucho más con la incorporación de 1,8 millones de mujeres al empleo, sin perjudicar la salud y el desempleo de las personas de 65 a 67 años.

También discrepan del aumento de los 15 años actuales del periodo de cotización y del de cómputo para la pensión, “porque penalizaría especialmente las lagunas de cotización de las mujeres”. Reivindican la reducción general de la jornada laboral y su compatibilidad con el cuidado -al 50% por hombres y mujeres- de menores o dependientes, y no incentivar el tiempo parcial de mujeres.

Piden también la cobertura pública de la demanda de educación infantil de calidad desde los 0 años y de servicios profesionales públicos de atención a la dependencia, sin canjearlos por “paguitas a cuidadoras familiares”; la equiparación de las Tasas de Ocupación de mujeres y hombres sin incentivar las excedencias y prestaciones para el cuidado incompatibles con el empleo y la cotización normales; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles; la restitución del permiso de paternidad de cuatro semanas ya legislado; la transformación progresivamente de la pensión de viudedad de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes; la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del especial de Empleadas/os de hogar; la equiparación de las Pensiones No Contributivas al mínimo general de las pensiones.

31/01/2011