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La Asociaci?n de Editores de Diarios muestra su "total oposici?n jur?dica"

El Consejo de Estado apoya que se prohíban los anuncios de prostitución
El Consejo de Estado considera “plausible” prohibir o, al menos, “limitar severamente" los anuncios de prostitución en la prensa. La institución, respondiendo a una consulta que realizó en mayo de 2010 la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, opina que las mujeres se convierten en estos anuncios en un "objeto de consumo", en "mercadería", y sufren "una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes". Recomienda que la prohibición no se lleve a cabo a través del Código Penal, es decir, que la conducta no sea delito.

22/03/2011

La autorregulación de los medios, según analiza el Consejo de Estado, "se ha mostrado insuficiente y baldía" y afirma que otras medidas administrativas blandas que pudieran llevarse a cabo, como limitar la publicidad institucional o las subvenciones públicas a todos aquellos medios que anuncien prostitución, podrían no ser suficientes.

Después de acreditar la necesidad de que se adopten iniciativas más duras, el Consejo de Estado dedica parte de su informe a analizar cómo se podría articular jurídicamente esta prohibición o restricción severa de los anuncios de prostitución en los medios.

Para el organismo consultivo, sería necesario aprobar una disposición con rango de ley, "en concreto, una ley prohibitiva de la actividad", que permitiera al Ejecutivo acometer esta restricción. El Consejo propone modificar el artículo 8 de la Ley General de Publicidad para que se incluya un apartado que prevea dicha prohibición, aunque estima que no es la fórmula "más adecuada". Se trata de una cuestión jurídicamente controvertida: la publicidad, ¿forma parte del contenido de la libertad de expresión, derecho fundamental protegido en la Constitución, o de la libertad de empresa?

Además, este órgano no se limita a la prensa, y hace referencia a la televisión e internet. Sobre la televisión, cree que debe considerarse el establecimiento de una prohibición expresa no sólo en el horario de protección infantil, sino también "en otros horarios más amplios", y en cuanto a internet opina que hay que analizar "la pertinencia de establecer algún tipo de limitación".

El informe considera que la prohibición de estos anuncios "persigue un fin legítimo" y se trata de "una medida racionalmente relacionada con la consecución del fin", que a su vez, es "razonable" y "proporcional" porque "no se coligen medidas alternativas menos restrictivas de los derechos que permitan alcanzar la misma eficacia en el logro de la finalidad perseguida".

El Consejo de Estado argumenta que "la regulación vigente resulta insuficiente para prohibir en la prensa escrita, con carácter general, la publicidad de la prostitución" porque "no existe una habilitación legal" que lo permita y "porque tampoco se puede obtener la desaparición general de dicha publicidad mediante ninguno de los instrumentos de defensa previstos en la Ley".

La prostitución “convierte a mujeres en mercadería”

El documento parte de que la prostitución es "un fenómeno que tiene especial incidencia en el ámbito femenino" ya que en su mayoría, "las mujeres se convierten en un objeto de consumo" asumiendo uno de los roles "más extendidos" en la publicidad, que es, según el Consejo de Estado, "aquél que convierte a las mujeres en mercadería".

"La mera oferta de servicios sexuales, aún libre y voluntaria, así lo comporta", explica el informe, para incidir en que "por la simple finalidad del anuncio, las mujeres son objeto de una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona y es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".

Sobre la mejor fórmula para llevar a cabo la prohibición, el Consejo de Estado recomienda que se haga a través de una ley específica que determine exactamente qué se considera un anuncio de prostitución, y que incluya también los de teléfonos eróticos o videoclubs pornográficos.

Respuesta de los editores

Los editores de diarios han advertido de que si el Gobierno atendiera el informe del Consejo de Estado hecho público y decidiera "limitar" las inserciones de anuncios de contactos en prensa escrita, estaría discriminando a este medio y vulnerando el derecho fundamental a publicitar una actividad legal.

En un comunicado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) expresa su "total oposición jurídica" a dicho informe, al entender que la publicidad de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución, con lo que cualquier limitación previa de un anuncio en prensa vulneraría de inmediato un derecho fundamental.

En su nota, AEDE traslada su indignación por el hecho de que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno les hayan convocado ni atendido sus propuestas en este asunto, incluido un acuerdo de autorregulación, a pesar de que viene reiterándolas. Para los editores, si los poderes públicos consideran que una actividad es delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla en determinados medios de comunicación, sino que prohíban su ejercicio.

Desde AEDE se subraya que a cada periódico le asiste la libertad editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas incluye en sus páginas, y matiza que "cualquier tipo de censura previa sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas".

"Con las medidas de autocontrol, los editores intentan evitar que se les impongan restricciones discriminatorias respecto al resto de medios de comunicación, algo que ya han sufrido a nivel autonómico, nacional y europeo en la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego", agrega la AEDE.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, se ha mostrado “satisfecho” ante las conclusiones del Consejo de Estado, al considerar que el informe “recoge que la autorregulación se ha mostrado insuficiente pese a las iniciativas impulsadas por los poderes públicos y aboga por una regulación específica, dado que la legislación vigente no es suficiente para proceder a esa prohibición”.

En consecuencia, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha manifestado que “estudiará las distintas opciones planteadas por el Consejo de Estado y establecerá un calendario que permita alcanzar este objetivo con el máximo consenso posible tanto de los grupos parlamentarios como de los propios medios de comunicación”.

Fuente: Observatorio de la Violencia de Género
22/03/2011