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Declaraciones de las organizaciones sociales del Ecuador ante el Comité CEDAW

La Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador ha compartido con Comunicando en Igualdad las dos declaraciones presentadas ayer, en Ginebra, ante el Comité de la CEDAW en su 60º Sesión, durante el examen a Ecuador por sus avances en la implementación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

 

ECUADOR

DECLARACION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Presentada en el período de sesiones 60 del Comité de la CEDAW

Ginebra el 16 de febrero 2015

 

Presentada por: Sra. Rocío Rosero Garcés y Katy Betancourt

 

Gracias señora Presidenta,

 

Mi nombre es Rocío Rosero. Mi colega Katy Betancourt y yo presentamos esta declaración en nombre de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, integrada por 18 organizaciones de mujeres locales, regionales y nacionales.

 

Nos gustaría destacar 3 áreas críticas de las cuestiones planteadas en el Informe Sombra preparado el año pasado en un proceso participativo:

  • Mecanismo nacional de las mujeres y el sistema de protección de los derechos humanos;
  • La violencia y el acceso a la justicia de género; y,
  • Estado Plurinacional y los derechos de las mujeres.

 

1. Mecanismo institucional y sistema de protección de los derechos de las mujeres

 

En cuanto al mecanismo institucional y el sistema de protección de derechos humanos de las mujeres, consideramos que se han producido importantes retrocesos desde que se presentó el último informe oficial.

 

El Consejo Nacional de las Mujeres, creado en 1997 para implementar las políticas de igualdad, fue eliminado por decreto ejecutivo en el 2009. En su lugar, se puso en marcha un mecanismo transitorio con un estatus inferior en la estructura del Estado y su presupuesto disminuyó en 52,45% entre 2009 y 2014.

 

También es motivo de preocupación, que a pesar de que la institución incluye representantes de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en el Consejo Directivo, ni las mujeres jóvenes, ni las mujeres de las nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, ni las de grupos LGBT están representados. Las organizaciones nacionales que estaban en el Consejo Directivo, en la creación del Consejo en 1997, no se han renovado.

 

La Ley de Consejos Nacionales de Igualdad, aprobada en julio de 2014, es el marco legal que rige la incorporación de las transversalidades de: género, intergeneracional, discapacidades, movilidad e intercultural, y no legisla a favor de los titulares específicos de derechos humanos. De acuerdo a la Constitución de la República y la CEDAW, para lograr la igualdad real, es fundamental contar con un sistema nacional de protección integral de derechos, que cuente con las capacidades y recursos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas para la protección, prevención y restitución de los derechos de todas las personas, incluyendo las mujeres diversas.

 

2. La violencia y el acceso a la justicia de género

 

La reforma del Estado ha implicado continuos cambios en la institucionalidad y en los Planes sectoriales para enfrentar la violencia contra las mujeres. Desde la promulgación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y mujeres, en el 2007, tanto las instancias que la integraban, como sus roles y responsabilidades, han ido desapareciendo o modificándose, lo que ha generado un debilitamiento en su aplicación y una falta de orientación estratégica.

 

Sistema de protección: en el 2014, las casas de acogida y los centros de atención existentes estuvieron 7 meses sin la contribución de Estado, lo cual afectó el funcionamiento y cobertura de dichas instituciones. No existe cobertura nacional. Las mujeres reclaman que no existan medidas de protección inmediatas, como cuando funcionaban las Comisarías de la Mujer, hecho que las pone en mayor situación de riesgo.

 

Acceso a la justicia:

 

De acuerdo a información del Consejo Nacional de la Judicatura, a junio del 2014, existían 58 cantones, de un total de 221, en los cuales no funciona ninguna judicatura que atienda a las mujeres víctimas de violencia, dejándolas en total indefensión.

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) incumple lo dispuesto en el Art. 81 de la Constitución, que dispone procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y crímenes de odio (...). El movimiento de mujeres presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, solicitando que la Asamblea incorpore en el COIP dicho procedimiento.

 

El personal de los equipos técnicos de las unidades contravencionales de violencia: psicólogas/os, trabajadoras sociales, médicos/as legistas, no están suficientemente sensibilizados y capacitados y culpan a las mujeres de ser responsables de la violencia. Esta situación empeora cuando las víctimas son indígenas o afro-ecuatoriana.

 

Prevención:

 

El Estado no ha implementado una política sistemática para prevenir la violencia contra las mujeres, orientada a transformar los patrones socioculturales. Muchas de las agresiones sexuales en las escuelas no reciben sanciones, a pesar de que tenemos una ley específica para el tratamiento de esta problemática.

 

3. Estado plurinacional y los derechos de las mujeres

 

Para las mujeres indígenas y afro ecuatorianas, la violencia continúa en la impunidad; la administración de justicia sólo emplea el castellano, pese a que hay tres lenguas oficiales. Las sanciones son evitadas, ineficaces y son injustas tanto en la justicia ordinaria, como en la justicia indígena. Sin embargo, es necesario precisar que la justicia indígena está siendo debilitada en su estructura, roles y competencias.

 

Las escuelas bilingües interculturales han fortalecido la estructura comunitaria desde su creación, en la actualidad están siendo cerradas y cooptadas por las llamadas escuelas del milenio, bajo el discurso del gobierno de que son “escuelas de pobres”, lo que afecta gravemente la forma de organización propia de cada pueblo y nacionalidad del Ecuador, este modelo homogenizador se ha instalado solamente en las zonas más pobladas.

 

Algunos de los efectos de la implementación de estas escuelas han sido despidos de maestros y maestras nativos de las escuelas comunitarias, lo que provoca el abandono de la vida comunitaria, afectando la forma organizativa social, política, cultural inclusive alimentaria de los pueblos y nacionalidades indígenas. Los maestros/as comunitarios no son valorados porque no tienen títulos como maestría que son muy costosas.

 

Dentro del Sistema de Salud Pública se ha dejado de incorporar la Salud intercultural sobre todo las mujeres parteras, quedando estos conocimientos ancestrales rezagados, vulnerando así los derechos colectivos, negando a las mujeres la posibilidad de tener una atención en el parto acorde a su cultura.

 


 

Presentación Oral de Informe Alternativo de Aborto-Ecuador Presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 16 de Febrero del 2015

 

El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, coalición de siete organizaciones y PP Global, presentamos cuatro problemas que viven las mujeres que necesitan un aborto legal en Ecuador:

 

Primero: Falta de acceso al aborto seguro en casos permitidos por la ley, pues no se implementa la Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico. Aplaudimos la aprobación de la guía como herramienta para ejercer un derecho reconocido hace 75 años. Sin embargo preocupa que no se tenga un plan de ejecución. La implementación de la Guía y una interpretación amplia e integral del concepto de salud que debe incorporar el nuevo Código de Salud en elaboración, contribuirá en la reducción de la mortalidad y morbilidad materna asociada a aborto inseguro, facilitará el acceso real y sin discriminación a mujeres que necesiten un aborto no punible.

 

Segundo, Prohibición del aborto en casos de violación sexual. Situación preocupante pues en Ecuador 380,000 mujeres han sufrido una violación y una de cada cuatro, ha vivido agresión sexual, hay 3,800 niñas menores de 14 años, embarazadas producto de violación. En el 2012, el Comité DESC recomendó al Ecuador despenalizar el aborto por violación y eliminar los términos “idiota” y “demente” cuando se refiera a discapacitadas mentales, el Código Penal eliminó los términos manteniendo la causal violación solo para estas mujeres.

 

Tercero, falta de datos que vinculan aborto inseguro con mortalidad materna. Ecuador aun registra una de las tasas más altas de muerte materna, 46 mujeres por 100 mil nacidos vivos. El aborto inseguro es la segunda causa de mortalidad y es la primera causa de morbilidad materna. Este Comité ya expresó su preocupación por este hecho y recomendó emprender una investigación minuciosa. Sin embargo, aun no existe la información que permita visibilizar el impacto del aborto inseguro en la muerte materna.

 

Cuarto, violación del secreto profesional y judicialización a mujeres por el presunto delito de aborto. Desde el 2009, 58 mujeres han sido judicializadas, hemos entregado a este Comité 6 relatos. Violar el secreto profesional hace que las mujeres sean judicializadas tras ser atendidas por una emergencia obstétrica. La Fiscalía y la Policía, han ingresado a los Servicios de Salud Pública para promover denuncias contra las mujeres. Tras estas visitas, el personal de salud en algunos casos ha denunciado. Las consecuencias son que las mujeres que requieren cuidado obstétrico de emergencia no lo busquen por temor a la persecución penal.

 

Por tanto solicitamos al Comité requerir al Estado Ecuatoriano que adopte medidas eficaces para:

  • Despenalizar el aborto, por lo menos en caso de violación sexual.
  • Implementar inmediatamente la Guía Práctica Clínica de Aborto Terapéutico, incorporando una

interpretación integral sobre la afectación a la salud de la mujer embarazada producto de violación

sexual.

  • Fortalecer el sistema de información pública del aborto, incluyendo el vínculo entre morbimortalidad

materna y aborto inseguro.

  • Garantizar la confidencialidad para mujeres y niñas que reciben atención postaborto y de emergencia

obstétrica garantizando el establecimiento de procedimientos para investigar y sancionar a quienes violen el secreto profesional.

 

 Fuente: Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador 

17/02/2015