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Con la reforma constitucional que vive el pa

Los derechos humanos serán la piedra angular de las políticas de México
La reforma constitucional en materia de derechos humanos colocará la dignidad y derechos de las personas, sin distinción de ninguna especie, en un lugar preponderante de las acciones del Estado, según aseguró María Elena Alvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

24/06/2011

Al inaugurar el Foro Nacional de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y su Impacto en los Derechos de las Mujeres, la funcionaria federal señaló que esta reforma constitucional es uno de los esfuerzos más relevantes que ha realizado el Estado mexicano en las últimas décadas para proteger y garantizar, de manera más efectiva, los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y hombres que viven en nuestro país.

Manifestó que el INMUJERES está convencido de que con esta reforma, los derechos humanos se constituirán en la piedra angular de las políticas del Estado y en un deber ineludible de sus autoridades respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos.

La reforma, dijo, abre un panorama alentador en favor de los derechos de la población en general, pero de manera particular de las mujeres, pues los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que las protegen contra la discriminación, como la CEDAW, o la violencia, como Belém do Pará, adquieren jerarquía constitucional.

La secretaria ejecutiva detalló que la reforma es relevante por varios puntos: se da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte; se establece como obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; favorecerá que las autoridades, pero sobre todo los tribunales nacionales, realicen una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos en la Constitución con los tratados internacionales de los que somos parte; se fortalecen los mecanismos y procedimientos para la emisión de las recomendaciones de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos; se obligará a las entidades federativas a que doten de plena autonomía a organismos locales de derechos humanos.

Asimismo, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar violaciones graves a derechos humanos, que antes tenía asignada la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se integra a la Constitución el sistema de reparación del daño por violaciones a derechos humanos; se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de acción de inconstitucionalidad; se ciudadaniza el procedimiento para la elección de los titulares de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, lo que redundará en mayor legitimidad y fuerza moral del organismo; se amplía la competencia de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos que ahora podrán conocer de asuntos laborales.

No obstante, reconoció, hay enormes retos por delante: hacer de los derechos humanos un instrumento de uso común, cotidiano, de manera particular desde el Estado; superar resistencias de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia para invocar pero más importante aún, para aplicarlos en favor de las personas; lograr que abogadas y abogados se asuman como los principales garantes y promotores; reformar de inmediato los programas y planes de estudios de las escuelas de derecho para incorporar esta reforma.
24/06/2011