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Carta abierta al Presidente Rafael Correa de Ecuador

Señor Presidente:

Las representantes de las organizaciones de mujeres reunidas en la ciudad de Quito el 27 y 28 de noviembre de 2014, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra profunda preocupación por las medidas adoptadas mediante el Decreto 491 del 26 de noviembre de 2014.

 

Su decisión de trasladar la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA) a la Presidencia de la República, vulnera derechos constitucionales establecidos en los Artículos 66, 18, 25 y 32; atropella la institucionalidad y las políticas públicas, así como los objetivos y metas establecidos en el Plan del Buen Vivir 2013 - 2017, e incumple con la garantía constitucional de Estado laico y la ética laica, establecida en el Artículos 1 y 3, numeral 4; todo lo cual contraviene deberes fundamentales del Estado como garante y protector de derechos.

 

Al quitarle la competencia sobre la ENIPLA a los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Social y Educación, y dejar en manos de una asesora presidencial, Señora Mónica Hernández de Phillips, activista de la organización Rosario Próvida, que responde a intereses confesionales, enfoques moralistas, religiosos y sectarios, se menoscaba la aplicación de los enfoques constitucionales de derechos, género, interculturalidad e inter-generacionalidad. Su decisión señor Presidente, contraviene el laicismo como política de Estado y de gobierno y lesiona la base de la democracia y garantía de la secularidad, mismas que son el fundamento del libre pensamiento, la no discriminación y la vigencia de los derechos humanos.

 

La designación de la señora Hernández legitima la presencia de los grupos confesionales antiderechos de las mujeres en las decisiones presidenciales y en la gestión de una política pública de la más alta prioridad para el país y en particular para las mujeres, adolescentes y jóvenes ecuatorianas. Constatamos con profunda preocupación la pérdida de la neutralidad de las autoridades en la discusión y adopción de legislación (caso COIP) y políticas sobre derechos reproductivos, puesto que se imponen normas y valores morales asociados a una secta religiosa, lo cual tiene graves consecuencias para el ejercicio de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y genera el riesgo de aumento del embarazo en adolecentes, la morbi-mortalidad materna, el aborto en condiciones inseguras, e incluso el suicidio en niñas, adolescentes y mujeres.

 

Con estos antecedentes, señor Presidente, demandamos el respeto irrestricto de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado ecuatoriano, y le exigimos la derogatoria del Decreto 491, así como la restitución de la autoridad rectora sobre la Política de Salud Sexual y Salud Reproductiva al Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación y Desarrollo Social.

 

Lo que está en riesgo es la salud, la vida y los derechos de la población, especialmente de las mujeres, adolescentes y grupos LBGTTI.

 

Firma: Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres

09/12/2014