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Bolivia avanza en su política pública para eliminar la violencia de género

Bolivia celebró su Primera Cumbre Nacional de Mujeres los pasados 4 y 5 de abril. El propósito era dar paso a la construcción de una política pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. La inauguración corrió a cargo del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, y congregó a más de medio millar de representantes de organizaciones sociales de mujeres.

 

En dicha ocasión, el segundo mandatario del país condenó los actos de violencia que se cometen en contra de las mujeres y emplazó a la sociedad boliviana a no hacerse cómplices de ese flagelo que destruye hogares.

 

“No hay acto más abominable, más infame y más cobarde que cuando un varón pega a una mujer; tan infame y tan aborrecible cuando las instituciones que tienen que proteger a la colectividad mantienen el silencio o son cómplices de esa brutalidad”, dijo.

 

El importante evento contó con la participación de las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Betty Tejada, respectivamente, además de autoridades y representantes de distintas organizaciones sociales, organismos internacionales y de Derechos Humanos, entre otros.

 

En la oportunidad, el Vicepresidente recordó que la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia el género femenino es parte de todo un trabajo conjunto que debe realizar la sociedad y las autoridades, que tienen al presidente del Estado, Evo Morales, y a su persona como “aliados” para implementar políticas que acaben con el ilícito.

 

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, como anfitriona del evento, recordó que la Ley Integral que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia fue elaborada durante muchos años junto a las organizaciones sociales de mujeres y junto a la sociedad civil, que dio un paso fundamental con su promulgación el pasado 9 de marzo.

 

Señaló que, sobre la línea base presentada por el Ministerio de Justicia, se recogerán los insumos necesarios para enriquecer la propuesta con todos los sectores que intervendrán en la aplicación de la norma, una vez que se realicen las cumbres departamentales y municipales.

 

“Con todo ello, hay que establecer una agenda interinstitucional, hay que asumir compromisos y empezar a cumplirlos bajo la atenta mirada de las organizaciones sociales para que, sobre esta base, desarrollemos toda la estructura institucional y normativa para dar plena vigencia a esta ley integral”, sostuvo.

 

Ayllón recordó que la ley involucra a hombres y mujeres para velar el cumplimiento de la protección del Estado hacia ese sector.

 

“Esta ley sin su reglamentación, sin sus protocolos de atención, sin una política pública no va a ser de mucha utilidad, por eso debemos trabajar en la orientación, prevención y sanción”, aseveró.

 

Esta Primera Cumbre Nacional de Mujeres tenía el propósito de dar a conocer los alcances de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y lograr insumos para trabajar una política pública sobre la temática; además de marcar el inicio de la reglamentación de la norma.

 

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada el pasado 9 de marzo por el presidente Evo Morales, marca tres ámbitos de acción: prevención, protección y sanción de ese delito y establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los asesinos de mujeres.

 

Conclusiones


La Primera Cumbre Nacional de Mujeres, desarrollada en la víspera, concluyó en que una de las tareas prioritarias del Estado es la difusión de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en todos los rincones del país para su entera aplicación.

 

En la mesa uno, de Prevención, las participantes concluyeron en que otra de las acciones que se deben asumir para la aplicación de la Ley, además de la difusión, es el desarrollo de campañas de sensibilización y la inclusión de materias de formación académica referidas a la protección de los derechos de las mujeres.

 

La mesa dos, de Comunicación, sostuvo que se debe conformar una comisión con organizaciones de mujeres para trabajar una estrategia de manera participativa con el Ministerio de Comunicación. Asimismo, pidieron que se sensibilice sobre el machismo en las organizaciones sociales; que se gestione una cartera de Género para la difusión de mensajes de no violencia y se sancione el manejo inadecuado de la imagen de la mujer.

 

En la mesa tres, de Capacitación y Formación, se concluyó en que es importante adoptar y desarrollar programas de formación específica, relativos a la violencia, igualdad, discriminación, equidad de género y enfoque de género. Además de insertar programas y servicios destinados a la prevención de la violencia contra la mujer, su atención y rehabilitación mediante una asesoría profesional, especializada e integral.

 

La mesa cuatro, de Atención y Protección, precisó en que se deben crear defensorías de lucha contra la violencia hacia las mujeres y crear servicios para el apoyo psicológico y jurídico de atención dirigida al pueblo. En municipios rurales dispersos, se deberá trabajar en investigaciones y proyectos sobre la violencia y socializar la ley, considerando el idioma nativo. Asimismo, se perfiló la creación de casas de acogida y albergues para las mujeres maltratadas; los mismos que deben ser integrales con personal multidisciplinario de atención a las víctimas.

 

La mesa cinco, de Información y Orientación, precisó en el hecho de que se deben coordinar las medidas intersectoriales para empoderar a las mujeres sobre su derecho a una vida libre de violencia; promover que las mujeres denuncien la violencia e informen sobre los servicios de atención.También requirieron la incorporación, en los presupuestos públicos del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, de un presupuesto para la implementación de la ley.

 

En la mesa seis, de Orientación y Rehabilitación, las participantes señalaron que se deben conformar centros especializados de rehabilitación para hombres agresores.

 

La mesa siete, de Persecución y Sanción Penal, sostuvo que la inmediata creación de un protocolo de atención en salud de casos de violencia, con la participación de la sociedad civil, es una prioridad. Asimismo, se precisa la reglamentación del accionar de los nuevos fiscales de forma integral con los otros servicios de atención a la violencia y la adecuación de la nueva ley del Ministerio Público a la nueva ley Integral.

 

La mesa ocho, de Institucionalización, urgió la necesidad de crear un Ministerio de las Mujeres, que deberá tener un alto poder de decisión para prestar atención a los requerimientos que surjan de la aplicación de la norma.

 

Todas las participantes auguraron una pronta reglamentación de la ley para reducir los índices de violencia contra ese sector.

 

Fuente: Ministerio de Justicia

08/04/2013