Comunicando en Igualdad Consultoría en Comunicación y Género
Home » Noticias » Andalucía apuesta por tratamiento integral a víctimas de violencia de género

Noticias

Andalucía apuesta por tratamiento integral a víctimas de violencia de género

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha señalado que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) “va a seguir apostando por el tratamiento integral que, en estos momentos, viene dando a las mujeres víctimas de la violencia y a sus familias, tanto en lo que se refiere a la protección y la prevención, pero también en la formación de los profesionales que están en el día a día en contacto y que son fundamentales a la hora de hacer esa detección precoz que nos permite intervenir y actuar a las administraciones”.


Díaz ha presentado el libro “La renuncia a continuar en el procedimiento judicial en mujeres víctimas de violencia de género: un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza”, un trabajo realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con el Departamento de Psicología Experimental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Uno de las principales conclusiones del informe es que el 51,5% de las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian a su agresor y luego abandonan el procedimiento judicial no han recurrido al apoyo psicológico, frente al 24,9% que sí lo tiene pero renuncia. Dicho porcentaje de abandono se reduce al 19% cuando dicho apoyo es prestado por los servicios sociales, lo que evidencia la especial vulnerabilidad de la víctima y la necesidad por parte de ésta de un acompañamiento integral durante todo el proceso.


En este sentido, la consejera ha manifestado la importancia del compromiso que de la Junta con las “políticas que van dirigidas a preservar la vida de muchas mujeres que se encuentran en una situación de riesgo a manos de la persona con la que ha compartido su vida, sus sentimientos y su familia”. Por este motivo, ha señalado que el Gobierno andaluz tiene que redoblar esfuerzos “en un momento en el que el Gobierno de la nación ha recortado en prevención en la lucha contra la violencia de género en torno al 21% del presupuesto, lo que vendría a suponer casi 6,5 millones de euros”, y los institutos de la Mujer han visto reducidos los recursos que reciben por parte del Ejecutivo central “en torno al 15%”.


Susana Díaz ha lamentado que, en un momento de dificultad económica, se esté utilizando la crisis como “excusa” “para que se den pasos atrás en la política de igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres” y “para implantar la ideología del Gobierno de la nación”. En el mismo sentido, ha señalado como parte “de esa hoja de ruta que está imponiendo la moral y la ideología en la defensa de la igualdad de los hombres y mujeres de este país, la voluntad del ministro Gallardón de reinterpretar la interrupción voluntaria del embarazo y los avances que el conjunto de la sociedad han conseguido en esa materia”.
 
Díaz también ha apuntado que los últimos datos de muertes por violencia de género en Andalucía “animan a seguir en la lucha y es que el año pasado en el mes de agosto eran diez las mujeres que habían sido asesinadas a manos de sus parejas y este año son cinco”. La consejera ha resaltado que “ninguna de ellas había presentado denuncia”, por lo que ha destacado la importancia de la labor de sensibilización por la que apuesta el Instituto de la Mujer “que va dirigida a que las mujeres tienen que sentir seguridad por parte de los poderes públicos y de la justicia, esa certeza de que la denuncia va ligada directamente a la prevención y a la protección de su vida y la de su entorno familiar”.


Conclusiones del estudio


Según el informe del IAM, el porcentaje de abandono del proceso judicial por parte de las víctimas (según datos del CGPJ), ronda el 12% en España, lo que evidencia un éxito: la inmensa mayoría de las mujeres, un 88%, tienen la valentía de continuar el procedimiento. Pese a ello, la Junta subraya la importancia del estudio de ese 12% restante, ya que permite conocer las razones de esa minoría para poder ayudar a las mujeres que quedan más desprotegidas.


La investigación, que cuenta con conclusiones cualitativas (fruto de entrevistas a profesionales y víctimas) y cuantitativas (resultado de 803 cuestionarios a mujeres que han sufrido violencia de género), permite destacar cuatro grandes razones de abandono: la situación sociodemográfica, el propio procedimiento penal, los efectos de la violencia de género y la situación psicológica de la mujer.


Respecto a estos dos últimos aspectos, las personas expertas apuntan situaciones sociales derivadas de la propia violencia que influyen en el abandono, como el miedo de la víctima a la actuación de su ex pareja y de su entorno familiar; el chantaje del agresor por la pensión de los hijos e hijas, o por la custodia de los mismos; el riesgo de que la víctima dé otra oportunidad al agresor; el sentimiento de culpa de la mujer porque él pueda ir a prisión; la minimización del riesgo que corre o la incertidumbre sobre su futura situación. Junto a lo anterior, la víctima sufre una serie de problemas psicológicos derivados de la VG, de los que no es consciente, pero que influyen en su renuncia al proceso judicial: deterioro personal, ansiedad, falsas creencias sobre el amor, dependencia emocional, sentimiento de vergüenza, etc. Este análisis cualitativo viene respaldado por los propios datos: el 51,5% de las mujeres que renuncian no cuentan con apoyo psicológico (frente al 24,9% que sí cuenta con él pero renuncia), lo que evidencia la importancia del respaldo social. En este sentido, es llamativo que el porcentaje de renuncia baje al 19% cuando el apoyo sea prestado por los servicios sociales, que intervienen desde un enfoque integral.


Respecto a la situación sociodemográfica, el estudio destaca factores de mayor vulnerabilidad como el nivel educativo (las mujeres sin estudios registran un mayor porcentaje de renuncias, 55,8%, que el resto, 35%); el conocimiento del idioma (las mujeres de habla no hispana renunciaron significativamente más, un 60,7%, que el resto); el escaso apoyo familiar y social (lo que demuestra que hace falta mayor concienciación social) o la falta de recursos económicos /laborales (el 72% de las mujeres entrevistadas que renunciaron al procedimiento no tenían ingresos o eran inferiores a 500 euros mensuales).


Procedimiento penal


Muy llamativos son los resultados relacionados con el procedimiento penal. En este sentido, destacan hechos como el desconocimiento por parte de las víctimas del proceso judicial (el 74% reconoció no saber nada sobre el mismo); o el desfase entre las expectativas de las mujeres y la realidad del procedimiento. Así, muchas esperan que la denuncia inicial acabe de raíz con la situación de violencia. Muestra de ello es que el porcentaje de renuncias es menor cuando las mujeres denuncian tras una decisión meditada (22,8%), y es mayor cuando la empuja un suceso traumático pero sin planificación (43,85%).


Los tiempos excesivamente dilatados de los procedimientos penales y la excesiva burocratización pueden originar un abandono. De hecho, de los 131 casos estudiados que terminaron en renuncias, la mayoría de los abandonos se produjeron en el período de instrucción (45%) o en las primeras 72 horas (35%), mientras que hubo un bajo nivel de renuncia en los juicios orales (8%) y los juicios rápidos (12%).


Otra vivencia estresante para las víctimas es el tener que enfrentarse al agresor y a su familia. El contacto con el agresor parece determinante, ya que el 74,4% de las que abandonan tienen un contacto frecuente con el agresor.


El estudio también reseña como motivo de abandono la presión de las personas profesionales de la abogacía que están tramitando el procedimiento civil de separación, y que a veces proponen la retirada de la denuncia para garantizar el pago de la pensión o el respeto al régimen de visitas impuesto. Asimismo, la no concesión de la orden de protección es considerada otra causa de abandono: el 55,6% de las mujeres a las que no se les concede la orden de protección renuncian frente al 19,7% de las mujeres que lo hacen teniendo la orden concedida.


Los resultados evidencian la especial vulnerabilidad a la que están expuestas estas mujeres, y sobre todo las necesidades que se deben cubrir: la independencia económica, la superación de trabas como el desconocimiento del proceso o el propio idioma, la mayor implicación de los profesionales de la abogacía y el apoyo social y psicológico a lo largo de todo el procedimiento.


Se trata de una intervención integral que aborde todos los ámbitos de esta problemática. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se trabaja desde hace muchos años no sólo por erradicar la violencia de género, sino también por proteger a las víctimas de una manera integral. Así, todo el sistema de protección se activa cuando se detecta un caso de malos tratos, y tanto la mujer víctima como los menores a su cargo cuentan con toda una red institucional a su disposición para darles cobertura, antes incluso de presentar denuncia. Esta red abarca servicios como el de acogida; las ayudas económicas; la atención psicológica; la formación e inserción laboral o la asistencia jurídica y legal.


Junto a ello, la Junta desarrolla otras actuaciones en materia de prevención (como  campañas informativas, el Servicio de Atención del teléfono gratuito o la atención de los centros provinciales y municipales de la mujer) y en el ámbito de la formación y la sensibilización social (como los cursos a la Guardia Civil; la formación a las personas profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género; la campaña anual con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género o los trabajos de coeducación).

Andalucía apuesta por tratamiento integral a víctimas de violencia de género - Comunicando en Igualdad
08/09/2012